RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid
Esos tribunales que sentencian la vida después de la separación o el divorcio son los mismos que no recaban la opinión del Ministerio Fiscal en un 70% de las ocasiones, que permiten la «mala praxis» de los informes psicosociales y que no escuchan a los menores en el 80% de los casos. Los que, en resumen, hacen una fundamentación «misérrima» de las concesiones o denegaciones de las custodias compartidas.
Las comillas y los datos los sostiene un informe que el Ministerio de Igualdad ha encargado a la Fundación Themis de Mujeres Juristas para saber «cuánto y en qué circunstancias los tribunales han atribuido la guarda y custodia compartida no existiendo acuerdo previo entre las progenitoras y los progenitores».
Isabel Martínez, número dos de Igualdad: «El sistema judicial no está preparado para aplicar bien la modificación de la Ley del Divorcio que incorpora la custodia compartida. Si no hay acuerdo entre los padres, esta figura es una batalla cuyas víctimas son los niños».
Para cartografiar el mapa real de esta medida que algunos grupos defienden con entusiasmo, nueve juristas de Themis han analizado 759 sentencias de las audiencias provinciales de todas las CCAA durante 2006, 2007 y 2008.
La característica clave del trabajo es que ha diseminado decisiones judiciales tomadas después de que alguna de las partes apelara la sentencia de primera instancia, es decir, cuando los padres no habían llegado a un acuerdo para compartir la custodia de sus hijos. Esa posibilidad, una custodia compartida aun sin pacto, es algo legal siempre y cuando se dicte «fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor», según el artículo 92.8 del Código Civil.
Por encima de la polvareda que ese artículo levantó en su día -muchos colectivos feministas argumentan que sin que los padres se lleven bien, compartir la guarda y custodia es un perjuicio para los hijos-, el estudio del Gobierno señala el problema de que la gran mayoría de las sentencias no razona su decisión. «La fundamentación de la concesión o denegación de la custodia compartida es misérrima. (...) Las sentencias no reflejan la realidad que está juzgándose. (...) Los jueces utilizan formularios y no dan un tratamiento personalizado a cada caso».
El informe refleja que casi todas las custodias se conceden a la madre (87%) y muy pocas al padre (3%). «Se da la custodia a la madre porque el modelo social otorga a la mujer el cuidado fundamental de los hijos. La custodia compartida no es una mala solución siempre que antes del divorcio los padres se hayan repartido igualitariamente las tareas y los tiempos del cuidado de los hijos. Ahí, beneficia a los niños, al hombre y a la mujer. Pero si alguno de los cónyuges no se ocupó de los hijos, no tiene sentido», dice Ángela Cerrillos, una de las autoras del informe.
«Es un mito que las feministas estén contra la custodia compartida. Lo que pasa es que aún no existe corresponsabilidad entre los padres. La condición fundamental para la custodia compartida es la existencia previa de paridad económica y de dedicación», sostiene Martínez.
Así, mayoritariamente, la mujer se queda con los niños. Pero quizá sea por algo más que por el modelo social imperante: los hijos quieren, mayoritariamente, vivir con la madre.
Una de las sangrías que revela el informe es que los jueces apenas oyen a los menores. En el 80% de los casos no se tuvo en cuenta su opinión. Sólo se llevó a cabo en el 17% de los causas en primera instancia y en el 5% en audiencias provinciales. Por eso, el documento se detiene en los 69 litigios en los que los niños no querían vivir en dos casas o en la misma con un padre o una madre intermitentes. De los 69, en 66 los críos pidieron vivir con su madre.
Sin el criterio del fiscal
El trabajo cuenta que el 70% de las sentencias se ha dictado sin tener en cuenta al fiscal, como indica la ley. Y que cuando se ha oído su postura, éste es generalmente desfavorable a la custodia compartida.
Los equipos psicosociales no funcionan bien o no se tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión. «Mala praxis», lo bautiza el informe. Lo abrumador es la segunda característica, es decir, la no intervención de los psicólogos. De los 759 casos, no se ha sabido nada del equipo psicosocial en 658.
Y cuando los psicólogos se pronuncian, lo hacen mayoritariamente en contra de la custodia compartida (un 30% en primera instancia) y en mucha menor medida a favor (un 9%). Aunque, visto cómo trabajan esos equipos, no se sabe bien si es mejor que el juez los tenga en cuenta o no: «Las entrevistas no se graban y existen numerosas quejas de tergiversación de lo manifestado por ellas. Son generalmente muy cortas», sentencia el informe.
Fuente: Periódico El Mundo (8/0372010)
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